La política de recorte del gasto público del Gobierno ha provocado la reapertura de viejas disputas entre lo público y lo privado
Las medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización del gasto público han generado una reacción que culpabiliza de las mismas al sector privado - al considerado favorecido por las políticas del Ejecutivo-; se ha iniciado así una campaña de demonización de lo privado y de exaltación de lo público, convirtiendo lo segundo en sinónimo de eficacia.
La mencionada disputa afecta principalmente al sector de la enseñanza y de la sanidad. En concreto, en la enseñanza, los actuales recortes en la red pública que inciden principalmente sobre el salario del personal y el gasto de mantenimiento de los centros, ha provocado la reacción de los sindicatos mayoritarios en contra de las medidas de recorte y haciendo responsable de las mismas a la “supuestamente favorecida” enseñanza privada.
Estas críticas demagógicas carecen de rigor y no aguantan el mínimo análisis crítico; para ello, propongo varios aspectos a valorar:
Ø La enseñanza privada no se ha visto favorecida en modo alguno por la política en materia educativa del actual Gobierno, y la razón es sencilla: los recortes del salario del personal docente afectan por igual a ambas redes de enseñanza, y las dotaciones económicas para el mantenimiento de los centros concertados no han mejorado, sino que se han reducido (este año no se ha aprobado la orden de subvención para equipamiento). Por lo tanto no se ha producido mejora alguna, más bien importantes recortes, con el agravante de que los mismos se producen en un sector deficitario, en el que los salarios del personal y los restantes gastos de funcionamiento nada tienen que ver con los que corresponden al sector público (sirva para ello un ejemplo del coste del puesto escolar en la enseñanza pública y el coste del mismo puesto en la privada: 6.000 en la pública frente a los 3.000 euros en la segunda).
Ø La concertación del Torrevelo, centro cuyo concierto debemos recordar fue suprimido por el anterior Gobierno “manu militari”, no implica favorecer a la privada en detrimento de la pública, sino que responde a una decisión política puntual, en la que se ve afectado un solo centro y que responde a infinidad de razones legales que legitiman esta decisión.
Ø Algunos ejemplos recientes de la falta de eficacia en el funcionamiento de lo público nos ilustran de cómo no todo lo público es sinónimo de eficacia: El desastre de la “banca pública”, las denominadas Cajas de Ahorros (cuyo funcionamiento se caracterizaba por la abundancia de consejeros con salarios millonarios y contratos blindados con indemnizaciones desproporcionadas, y por los préstamos concedidos sin control, que han abocado al sector a una situación que hace peligrar la propia solvencia del Estado), y las políticas bancarias permitidas por el Banco de España y demás órganos de supervisión del Estado son modelos de ineficacia.
Ø La privatización de infinidad de servicios puede servirnos de referencia para valorar la eficacia de uno u otro sector. Hoy en día, algunos servicios públicos son prestados por empresas privadas: servicio de recogida de basuras, transportes municipales, parques y jardines, etc. Nadie cuestiona ya su eficacia y tampoco plantea su supresión.
Ø Resulta totalmente inviable pensar en el mantenimiento de la enseñanza sin los centros privados concertados y en el de la sanidad, sin las mutuas laborales y sin las entidades aseguradoras médicas (como el Igualatorio Médico).
Son, por lo tanto, ambas redes necesarias y complementarias. Carece de fundamento alguno pretender descargar las dificultades impuestas por la mala situación económica al sector privado.
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