Durante la pasada campaña electoral, el todavía aspirante a presidente prometía cambios si obtenía la mayoría de la confianza de los ciudadanos, pero nadie pensaba, ni tan siquiera sus votantes, que estos cambios iban a ser tan drásticos y que un único aspecto, el económico, afectaría a tantos sectores distintos
El actual Gobierno está poniendo las instituciones patas arriba. Seguramente muchos pensarán que es lo conveniente, y lo asemejarán a lo que ocurre, por ejemplo, con un edificio en el que todo está obsoleto y nada funciona correctamente: En este caso, se procede a su demolición y se le deja en cimientos antes que asumir una larga rehabilitación con múltiples reformas parciales - que a menudo ponen de manifiesto otras carencias-. Sin embargo, para empezar a destruir, primero hay que saber la capacidad que tenemos para reconstruir, y cuando hablamos de capacidad, nos referimos también- entre otras cosas- a la “capacidad económica”.
He aquí el eterno problema; parece ser que el Estado esta descapitalizado, que los bancos están descapitalizados y que los ciudadanos están descapitalizados. ¿Qué hay que hacer para capitalizarse? Conseguir cash. ¿Cómo consigue dinero el Gobierno? Subiendo los impuestos directos, indirectos o ambos, rebajando los servicios que se prestan a los ciudadanos y emitiendo deuda. ¿Por qué es importante que los bancos tengan liquidez? Porque no se puede prestar lo que no se tiene y aunque poseen un abundante inmovilizado (pisos), éste es difícilmente convertible en líquido.
Se da la paradoja de que los dueños del dinero se están ahogando, no tienen un duro que prestar. ¿Cómo consiguen cash los bancos? Proveyéndose de los inversores, pidiéndoselo a terceros o prestando dinero (que no tienen) y cobrando intereses. Pagan los interés a 1 y lo prestan a 2; en definitiva, un negocio redondo.
Esto es como el cuento de la lechera: En época boyante, si la situación del cliente no parecía del todo solvente, la gestión bancaria seguía adelante y, a cambio de unas garantías sobrevaloradas por ellos mismos, se concedían prestamos a más tiempo, lo que significaba que el cliente pedía más dinero, pero también se arriesgaba más. Ahora se les cayó el cántaro y las entidades crediticias se dan cuenta de que no tienen dinero que prestar e incluso se duda si podrán devolver el que les ha sido prestado, lo que implica que, quien sí puede concedérselo dé poco y a un precio muy caro. La Banca y el Gobierno están en la misma situación, pero este último tiene un poder con el que no cuenta la primera: el poder de pedir a los ciudadanos más a cambio de menos.
Al final ¿quién va a pagar y de dónde va a salir el dinero? De los ciudadanos. ¿De qué ciudadanos? De quienes todavía tienen algo, de los que -por suerte o por sus buenas prácticas- han sabido mantener su posición. Ellos son los que van a pagar esta crisis.
Todos hemos asumido que tendremos que pagar más por menos, pero es importante analizar cómo el Gobierno va a conseguir ese más y de dónde va a recortar ese menos. También preocupan mucho a la ciudadanía las ayudas que el Ejecutivo va a conceder a los dueños del dinero, los poderosos de este país – y para algunos- responsables de la situación en que vivimos.
Yo me planteo: ¿es responsable el Gobierno por permitir esos préstamos tan arriesgados o lo es el ciudadano que aceptó despreocupadamente un préstamo muy por encima de sus posibilidades? La culpa puede que esté en que cada cierto tiempo nos toca el periodo de vacas flacas y ahora estamos pasando mundialmente por ese momento, o quizás se halle en los especuladores internacionales que manipulan las condiciones de nuestro entorno para ganar más dinero. Los antisistemas dirían que hay que destruir todo el sistema financiero para empezar de nuevo. Pues, a lo mejor, el Gobierno está, ¡mira tú por dónde! haciendo caso a los antisistemas.
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