El 23 de marzo se ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Transparencia por el Consejo de ministros
Arrastramos en España desde hace muchos años, la lacra de la corruptela de la clase política. No cesan de aflorar casos de corrupción y despilfarro del dinero público que han motivado en gran medida la mala imagen que la opinión pública tiene de los políticos. Descrédito que se percibe simplemente escuchando a la gente en la calle y que ciertamente resulta bastante merecido.
Pero ante esta situación, uno se pregunta: ¿Cómo es posible que se malgaste el dinero público de forma sistemática y durante tanto tiempo, sin que los mecanismos de control del Estado lo eviten?, ¿qué sucede con esos organismos de los que hablamos a nuestros alumnos: el Tribunal de Cuentas, Intervención General del Estado y de las respectivas comunidades autónomas, o los otros mecanismos legales para el control del gasto público?, ¿qué sucede con todos ellos?, ¿es que tienen función de floreros y simplemente adornan en el organigrama de la Administración?
El caldo de cultivo para que se produzca la corrupción está servido: la falta de mecanismos eficaces de control, la abundancia de dinero y la ambición humana son los ingredientes que la generan. En España desgraciadamente la falta de honestidad y la codicia están más que arraigadas, y no sólo afecta al político (sea de derechas o de izquierdas) sino que también el ciudadano en esta España de la economía sumergida participa de la condición de corrupto, porque tan corrupto será el que coge dinero de la caja como el que sólo piensa en evitar la forma de ingresar dinero en ella (o la forma de no pagar impuestos). Se produce un efecto dominó: al justificar el ciudadano su comportamiento, indirectamente patrocina y favorece la malversación de los dineros públicos cometida por el político.
Pues bien, partiendo de este escenario, por fin después de muchos años se aprobará una Ley de Transparencia, con la que ya cuentan hace bastante tiempo la mayoría de los países europeos (excepto Chipre, Malta, Luxemburgo…) A partir de ahora, enseñaremos a los alumnos que, además de los controles de la Administración ya reseñados, también existe el control ciudadano.
La Ley obligará a los cargos públicos a proporcionar todos los datos que soliciten los ciudadanos sobre el funcionamiento de cualquier actividad; el Estado, comunidades, entes locales, actividad legislativa, judicial, suelos, dietas, viajes, subvenciones, asesores, contratos, presupuestos… podrán ser conocidos y controlados por los ciudadanos, con dos excepciones: los datos de carácter personal (LOPD) y aquella información que pueda afectar a la seguridad nacional tendrán un acceso restringido.
La información restante, podrá consultarse en el denominado portal de la transparencia que ofrecerá y facilitará – como he dicho- toda la información que los propios ciudadanos han ido demandando y por tanto, es considerada de interés público. Como dato curioso he de destacar que todos los ciudadanos, podrán hacer sugerencias o aportaciones al texto de la Ley en el plazo de 10 días.
Esperemos que esta iniciativa nos sirva para algo, el tiempo lo dirá.
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